Los asentamientos judíos en Cisjordania se están convirtiendo en un quebradero de cabeza cada vez más complicado para Israel. No ya sólo por todas sus implicaciones legales, estratégicas, morales y sentimentales, también porque son la principal razón aducida por países y organizaciones internacionales para presionar al Estado judío e intentar censurar y modificar sus políticas.
El ejemplo más sonado ha sido la directiva de la Comisión Europea de etiquetar segregadamente los productos manufacturados procedentes de los asentamientos. Pero también tenemos el caso Dayán, que nos lleva a Brasilia.
El pasado 5 de agosto el Gobierno de Netanyahu designó como embajador en Brasil a Dani Dayán, argentino de origen. En septiembre Jerusalén pidió a Brasilia el plácet, procedimiento rutinario en este tipo de cuestiones. Pero a día de hoy Jerusalén no ha recibido respuesta.
La mismísima Dilma Rouseff ha hecho público su desacuerdo con el nombramiento de Dayán, y el pasado 20 de diciembre el parlamentario brasileño Carlos Marun comparó a Dayán con un guardia de campo de concentración nazi. Dayán, que vive en la Margen Occidental, más allá de la Línea Verde –como hacen muchos diplomáticos israelíes que sirven alrededor del mundo y no han afrontado tales problemas–, fue hasta 2013 el presidente del Consejo de Yesha, organización que aglutina y representa los intereses de los colonos israelíes tanto en casa como en el exterior. Y para Marun y para muchos otros eso es sinónimo del mal más absoluto.
Dayán ha sido uno de los colonos más famosos de los últimos años, y ha abogado fervientemente por la anexión total de Judea y Samaria a Israel. Ésa es la razón por la que Brasil no le quiere como embajador de Israel.
Pero la actitud de Brasilia es, cuanto menos, tendenciosa y poco diplomática.
La opinión mayoritaria de la comunidad internacional considera ilegales todos los asentamientos y rechaza la presencia israelí en Cisjordania. Sin embargo, los asentamientos no son un problema de blanco o negro.
En primer lugar, como ya explicamos, Cisjordania no es territorio ocupado de iure, sino que está bajo control militar u ocupación de facto. Y no es ocupación de iure porque no existió previamente un Estado palestino al que se ocupara el territorio; es por ello un territorio en disputa, y ambas partes tienen reivindicaciones legítimas. Fue la Corte Internacional de Justicia la que en 2004 concluyó, en un dictamen consultivo, que los asentamientos eran ilegales según el derecho internacional. No obstante, Stephen M. Schwebel, antiguo presidente de dicha Corte, o el profesor Eugene Rostow, antiguo decano de la Facultad de Derecho de Yale y subsecretario de Estado con Lyndon Johnson, han afirmado lo contrario, igual que la ministra de Exteriores australiana, Julie Bishop, en enero de 2014.
El nudo gordiano del debate legal gira en torno a una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la número 242, que insta a Israel a retirarse de los territorios conquistados tras las Guerra de los Seis Días (sin especificar cuáles) una vez que sus fronteras sean seguras; y al artículo 49 (párrafo 6) de la cuarta Convención de Ginebra (1949), que reza: “La Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado”.
Todos aquellos que defienden la no ilegalidad de los asentamientos se han centrado en dos puntos esenciales: las fronteras israelíes no son seguras y los territorios palestinos no son un país ocupado. Por el contrario, los que abogan por la ilegalidad de los asentamientos, que son una inmensa mayoría, argumentan que hay una ocupación, una potencia ocupante y un pueblo ocupado, por lo que consideran aplicable la Cuarta Convención de Ginebra.
Por otro lado, y como fijaron los Acuerdos de Oslo, las fronteras entre ambos países serán definidas en negociaciones bilaterales. En este sentido, Ehud Barak, con ayuda de Clinton, ofreció en agosto de 2000, en la cumbre de Camp David II, un 90% del territorio reclamado por los palestinos a Yaser Arafat (los asentamientos que Israel retendría se intercambiarían por tierra israelí: los famosos land swaps), así como la división de Jerusalén por la mismísima Ciudad Vieja. Arafat dijo no. Ocho años después, en Ginebra, Ehud Olmert amplió la oferta al 100% del territorio reclamado, más un pasillo entre Gaza y Cisjordania; pero entonces fue Mahmud Abás el que dijo no. A todo ello hay que añadir que Israel salió unilateralmente de Gaza en 2005, sacando a los colonos a punta de fusil.
En tercer lugar, y como un elefante en la habitación del que nadie se atreviera a hablar –ni israelíes ni palestinos, ni mucho menos la comunidad internacional–, se encuentra esta pregunta de peso: ¿por qué esos ahora colonos no pueden vivir en un futuro Estado de Palestina? Exceptuando Hebrón, todas las colonias son ciudades autónomas, no mezcladas con las palestinas. Si en Israel viven cerca de un millón y medio de árabes, que son ciudadanos israelíes con todos sus derechos reconocidos, ¿por qué los colonos deberían irse y no podrían vivir seguros bajo un Gobierno palestino?
Son cuestiones que obvian o minimizan la mayoría de las naciones que tienen relaciones con Israel, como Brasil hace ahora, y que en suma ejercen toda la presión sobre Israel y no demandan nada a cambio a los palestinos.
Rafael Aren, corresponsal diplomático del Times of Israel, propone enviar a Dayán a otro destino, en el mundo hispano. Debido a la importancia progresiva que Sudamérica está adquiriendo para Israel, sobre todo en términos comerciales, y a que Brasil es la séptima economía del planeta, Israel puede acabar cediendo y enviar a Dayán a otra plaza.
No obstante, Brasil habría sentado un precedente y podría generar un efecto dominó. Entonces, de señalar los productos, como ha dictado la UE, se pasaría a señalar a personas por el sitio en el que viven.
