Revista de Prensa

Turquía, tras el petróleo de los kurdos iraquíes

 

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"'Gadi nació puro, nació como ciudadano libanés', ha declarado la madre, que afirma que el paso dado por ella y su marido tiene por objetivo alumbrar 'un Líbano mejor'"

La firma de un acuerdo entre el Gobierno turco y las autoridades del Kurdistán iraquí para el suministro a Turquía de gas y petróleo ha encendido todas las alarmas tanto en Bagdad como en Washington, aliado de todos los actores de este enredo.

El Gobierno de Nuri al Maliki considera ilegal toda venta de recursos energéticos que no cuente con su visto bueno.

The Times os Israel informa de que decenas de israelíes implicados en actividades mafiosas se han trasladado al reino norafricano, donde habrían invertido más de 20 millones de dólares.

La presencia de estos sujetos podría suponer una «amenaza» para la comunidad judía local, compuesta por unas 4.000 personas, según Cnaan Liphshiz, del referido diario israelí.

Este activista por los derechos humanos, condenado por tomar parte en una protesta antigubernamental, está en la cárcel de Jaw desde el 9 de julio de 2012, y ya lleva cumplidas tres cuartas partes de su condena de dos años. Por este motivo, Amnistía Internacional ha emprendido una campaña para pedir su indulto.

La criatura, de nombre Ghadi, es hija de la chií Jolud Sukarieh y del suní Nidal Darwish, que en su día contrajeron matrimonio por lo civil y que, comprometidos con la superación de las barreras sectarias en su país, han decidido no registrar al niño como miembro de comunidad alguna.

«Gadi nació puro, nació como ciudadano libanés», ha declarado la madre, que afirma que el paso dado por ella y su marido tiene por objetivo alumbrar «un Líbano mejor».

Huda Abdulá Alí al Niran, de 22 años, ha huido con su novio yemení después de que sus padres rechazaran que los jóvenes contrajeran matrimonio. La Policía del Yemen los detuvo el pasado 3 de octubre por entrada ilegal en el país, pero un juez ha puesto a Huda en libertad bajo custodia de Acnur, el comisionado de la ONU para los refugiados. Ahora dispone de tres meses para legalizar su situación como refugiada.

Huda se niega a volver a su país porque teme por su vida.