Revista de Prensa
Socorro israelí en la guerra siria
En este reportaje, publicado por el diario español El País, se recogen testimonios de primera mano de heridos y mutilados en la guerra de Siria que son atendidos en hospitales israelíes. A pesar de la enemistad entre ambos países, Jerusalén decidió hace un año que sus centros sanitarios acogerían y tratarían a los heridos sirios que llegaran al país.
Un coche blanco acercándose a él por una estrecha callejuela de Quneitra en su Siria natal es lo último que Mohamed, de 24 años, recuerda de los momentos previos a la explosión que le dejó en coma y le amputó las dos piernas y parte de la pelvis. Días después despertó en la cama de un impoluto hospital, con unas frondosas colinas tras la ventana y un joven soldado de uniforme vede caqui apostado ante su habitación. “Cuando me dijeron que estaba en Israel sentí miedo y nerviosismo. Al final lo asumí: Israel me ha salvado la vida”, dice hoy, con cierta incredulidad. Admite el profesor Lerner que una mayoría de los 250 pacientes que han pasado por este hospital ha reaccionado con inquietud y a veces miedo al descubrir que se hallaban en Israel. “Reciben el mismo tratamiento que un israelí, y muchos de ellos se marchan con unas prótesis muy avanzadas, normalmente muy caras”, dice. “Eso ha hecho que en Siria se corra la voz de que aquí reciben buen tratamiento, y cada vez reaccionan de forma más calmada”, añade. “Ahora llegan algunos que cuando abren los ojos saben inmediatamente que están en Israel”.
En torno a 8.000 combatientes procedentes de otros países están luchando en la guerra de Siria al lado del régimen, según fuentes especializadas en inteligencia y terrorismo consultadas por el diario israelí The Jerusalem Post. En este informe se destacan las consecuencias que la presencia de esos combatientes en Siria puede tener para sus países de origen cuando vuelvan a casa, ante el temor de que puedan ser utilizados por Irán para sus actividades subversivas en toda la zona.
Un nuevo informe hecho público el pasado martes acerca de los combatientes chiíes extranjeros que han entrado en Siria para luchar junto al régimen de Asad ha elevado su número de 7.000 a 8.000. Cita el informe: “Según nuestra evaluación, Irán podría aprovecharse de la participación de chiíes extranjeros en la guerra de Siria cuando regresen a sus países de origen, especialmente Irak. Su regreso puede servir a los iraníes, especialmente la Fuerza Quds, para crear redes de agentes entrenados y con experiencia en combate que pueden servir para sus actividades subversivas y terroristas”. En declaraciones a este periódico, Reuven Erlich, director del Centro de Información sobre Inteligencia y Terrorismo, asegura que los combatientes chiíes pueden convertirse fácilmente en agentes iraníes, con motivación y experiencia militar, para ser dispersados por toda la región.
La captura por la Marina estadounidense de un buque de bandera norcoreana cargado ilegalmente con crudo libio ha puesto sobre el tapete la necesidad de que la comunidad internacional colabore con las autoridades libias para evitar este contrabando, con el que los grupos insurgentes pretenden conseguir financiación. En consecuencia, el Consejo de Seguridad de la ONU ha dado luz verde para que cualquier país miembro pueda abordar a los buques sospechosos de llevar en sus bodegas cargas de crudo salidas ilegalmente de Libia.
El Gobierno central de Libia y el líder rebelde, Ibrahim Jathran, están enfrascados en una larga disputa acerca de los tres puertos petroleros que los hombres de Jathran capturaron el pasado verano con el fin de presionar para obtener la autonomía de la parte oriental del país y acaparar una mayor proporción de los ingresos procedentes de las exportaciones de crudo. El Gobierno de Trípoli ha dado al grupo de Jathran, que ha intentado exportar petróleo por su cuenta, dos semanas de plazo para abandonar los puertos ocupados o enfrentarse a una ofensiva militar para acabar con este bloqueo que ha paralizado las finanzas de un país miembro de la OPEP. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU adoptaron por unanimidad una resolución vinculante que “condena los intentos de exportar ilícitamente crudo de Libia” y autoriza a los países miembros a abordar a las embarcaciones con petróleo de contrabando para devolverlo al Gobierno del país.
El enviado del diario español El Mundo al país norteafricano dibuja un panorama preocupante acerca de la manera en que las Fuerzas de Seguridad están actuando para mantener la paz. La impunidad de que tradicionalmente han disfrutado la Policía y el Ejército no parece haber desaparecido con la instauración de un Gobierno que pretende llevar a cabo una serie de profundas reformas democráticas y de respeto por los derechos humanos.
Más de 21.000 personas ha sido detenidas desde el golpe de Estado que derrocó al islamista Mohamed Mursi. La cifra sin precedentes -divulgada por organizaciones de derechos humanos y activistas- sólo computa los arrestos hasta fines de diciembre. En la lista, figuran más de 300 menores, 200 mujeres y varios miles de universitarios. El pasado 25 de enero, durante el tercer aniversario de la revolución, un millar de manifestantes engrosó la relación. La cacería del aparato policial -ajeno a cualquier reforma en los últimos tres años y henchido de impunidad- se ha ampliado hasta abarcar cualquier voz disidente. En su bautizada «guerra contra el terror», sus víctimas ya no son sólo los militantes de los Hermanos Musulmanes. También los activistas seculares y los jóvenes que vencieron en las calles a Hosni Mubarak.
