En pocos países del mundo hay unas restricciones tan severas a la libertad de credo como en Arabia Saudí. La cuna del wahabismo, una de las versiones más rigurosas del sunismo, impide por ley la práctica de cualquier otra modalidad del islam y, mucho más, los ritos de las demás confesiones, consideradas heréticas o blasfemas. La teocracia saudí proscribe el ejercicio de cualquier otra religión, dedica grandes esfuerzos policiales y presupuestarios a impedir que circulen en el país textos de otras confesiones y prohíbe la construcción de templos que no sean mezquitas dedicadas a propagar las enseñanzas de la versión wahabí del islam suní.
Pues bien, la ONU ha decidido que Arabia Saudí es el lugar más apropiado para celebrar una conferencia internacional sobre libertad religiosa. El encuentro está organizado por el Consejo de Derechos Humanos y tiene por objeto el estudio de estrategias para combatir la intolerancia y la discriminación basadas en las creencias religiosas, propósito que resulta todo un sarcasmo, dadas las circunstancias.
Se trata de la quinta conferencia de este tipo, y está organizada con el apoyo de los 56 países miembros de la Organización de Cooperación Islámica dentro del llamado Proceso de Estambul, un programa internacional destinado a aplicar la controvertida resolución 16/18 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que establece la necesidad de “combatir la intolerancia, los estereotipos negativos, la estigmatización, la discriminación, la incitación a la violencia y la violencia contra las personas, basados en la religión o las creencias”.
La celebración de esta conferencia ha provocado la reacción de la organización no gubernamental UN Watch, radicada en Ginebra y dedicada a supervisar el grado de cumplimiento que las autoridades de la ONU hacen de su propia carta fundacional. Su director ejecutivo, Hillel Neuer, se muestra muy crítico con la elección de Arabia Saudí para albergar un acto internacional en defensa de la libertad religiosa:
Ya era bastante malo que la monarquía opresora y fundamentalista saudí fuera elegida para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero la visita de los dirigentes de este consejo a Yida y sus sonrisas mientras activistas por los derechos humanos como Raif Badawi languidecen en prisión por el delito de disentir de la religión, bajo la amenaza de recibir aún más azotes, es echar sal en la herida. Es asombroso.
UN Watch ha expresado también su rechazo a la participación del embajador alemán Joachim Ruecker, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pues otorga
falsa legitimidad a un régimen que decapita personas en la plaza pública, oprime sistemáticamente a mujeres, cristianos y gais y encarcela a blogueros inocentes como Raif Badawi por el delito de desafiar la interpretación radical del islam de los gobernantes.
Barack Obama ha decidido enviar dos representantes de alto nivel de su Administración para apoyar el desarrollo de esta conferencia internacional. UN Watch les pide que, como mínimo, aprovechen la ocasión para
denunciar a Arabia Saudí por su grosera y sistemática violación del artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza la libertad religiosa.
