Revista de Prensa

La ONU acusa a Asad de crímenes contra la humanidad

 

"El Régimen iraní intenta un acercamiento con los países del Golfo Pérsico para acabar con los recelos en torno a su programa nuclear y llegar a un acuerdo sobre la guerra de Siria"

Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, afirma tener pruebas de que los crímenes de guerra fueron autorizados por los “niveles más altos” del régimen sirio, incluyendo al propio presidente Bashar al Asad. Según Pillay, las fuerzas rebeldes también han cometido este tipo de acciones, pero la mayor parte de los delitos de lesa humanidad desde que comenzó la guerra en Siria han sido obra del régimen de Asad.

Los partidarios del presidente depuesto Mohamed Morsi han tildado a los autores del nuevo texto constitucional de “golpistas” que intentan “distorsionar la Constitución legítima”, aprobada durante el mandato del ex presidente islamista. La nueva carta magna fue aprobada el pasado domingo por la Comisión Constitucional y será sometida a referéndum en las próximas semanas.

El ministro de Exteriores iraní, Javad Zarif, está de gira por los países del Golfo Pérsico con el fin de superar las diferencias sectarias que imperan en el mundo árabe-musulmán.

En una entrevista concedida ayer en Doha, Qatar, Zarif insistió en la necesidad de acabar con la violencia en la zona, especialmente en Siria, asunto sobre el cual aseguró que todos los países deben “trabajar para acabar con la violencia y traer una solución política que ponga fin a esta tragedia, que es una vergüenza tanto para suníes como chiíes“.

El presidente afgano aduce que en abril todavía habrá fuertes nevadas, y el mal tiempo propiciaría que la gente no acudiera a las urnas. Esta decisión preocupa a Estados Unidos y a los críticos que temen que intente prolongar su segundo y último mandato.

Aunque aún no ha mostrado su apoyo explícito a ninguno de los candidatos, se espera que Karzai respalde a su hermano mayor, Qayum, uno de los favoritos para convertirse en su sucesor al frente del país.

Los acuerdos comerciales del gobierno turco con las autoridades de la región autónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, están siendo vistos con gran recelo por las autoridades del país porque podrían suponer un acicate para el separatismo kurdo, además de constituir una pérdida de ingresos para el gobierno central iraquí. Este viernes pasado se firmó el último de estos acuerdos entre Turquía y las autoridades kurdas, que incluyen la construcción de un oleoducto  por el cual se construirá un oleoducto capaz de transportar 150.000 barriles diarios.

El malestar del gobierno iraquí quedó de manifiesto el pasado sábado, cuando prohibió a un avión de negocios entrar en su espacio aéreo para acudir a un congreso energético internacional en la capital kurda, Erbil.

El grupo Estado Islámico de Irak y el Levante, vinculado a al Qaeda, utiliza la Iglesia de los Mártires en la ciudad de Al Raqa como la oficina de esta organización en la provincia, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Previamente los yihadistas tomaron la Iglesia de la Anunciación, en la misma ciudad, donde destruyeron la simbología cristiana del templo.

El detenido es Mohamed al Sabawi, un inversor palestino-canadiense de 68 años cuya empresa da trabajo a cientos de palestinos en el Margen Occidental, que pidió públicamente el cese de Mahmud Abás cuando la policía palestina entró en la sede empresarial para hacer un registro con motivo de la visita oficial del presidente francés François Hollande. Según ha revelado su hijo, los oficiales de la Autoridad Palestina irrumpieron en la oficina de su padre armados hasta los dientes y se lo llevaron detenido a una comisaría donde estuvo retenido por espacio de ocho horas.

“Ven e invierte en territorio palestino, pero si no sobornas a sus oficiales corruptos, la Autoridad Palestina te arrestará”, expresó el hijo del empresario resumiendo gráficamente el suceso.

Said Sahnoun, argelino de 50 años, trabajó para los servicios de inteligencia israelíes y españoles y asegura que, de volver a su país, le espera una pena de cinco años de cárcel.

Sahnoun se encuentra actualmente en la zona de tránsito del aeropuerto madrileño de Barajas con su hijo, de 20 años, donde espera desde el pasado 22 de noviembre una resolución del Comité Español de Ayuda al Refugiado, que en una primera instancia ha rechazado su petición de asilo.