Revista de Prensa
Israel, Palestina y lo que va de unos gobernantes a otros
Con este título, The Jerusalem Post editorializa en torno a las duras críticas que han surgido desde el bando palestino contra la nueva coalición de gobierno israelí. Saeb Erekat, el jefe del equipo negociador palestino en las conversaciones de paz ha tachado al nuevo Ejecutivo formado por Netanyahu como “un Gobierno de guerra que estará contra la paz y la estabilidad de la región”. En el caso de Israel, sostiene el diario, sus Gobiernos son fruto de la decisión libre de todos los ciudadanos. Algo muy distinto de lo que ocurre en el bando palestino, donde una camarilla se ha repartido el poder a espaldas de los ciudadanos, a los que no han vuelto a consultar desde hace una década.
Tomemos por ejemplo a Mahmud Abás. Entre los distintos puestos que ostenta, que incluye la presidencia de la OLP y de la Autoridad Palestina, Abás también se llama a sí mismo el segundo presidente del “Estado de Palestina”, tomando el relevo de Yaser Arafat.
Abás juró como presidente del “Estado de Palestina” el 8 de mayo de 2005, exactamente hace 10 años. Pero lo que iba a ser un mandato de cuatro años se ha alargado una década completa.
Debido la división entre Hamás en la Franja de Gaza y Fatah en la Margen Occidental, los palestinos no han logrado la unidad necesaria para celebrar elecciones presidenciales desde 2005 o elecciones nacionales desde 2006.
Israel ha celebrado cuatro elecciones nacionales democráticas y transparentes en ese tiempo.
Por lo tanto, aunque los Gobiernos de Israel pueden no gustar a políticos palestinos como Erekat, al menos representan a sus votantes, una afirmación que Abás, Erekat y otros políticos de la Autoridad Palestina no pueden hacer.
Un acuerdo firmado por Israel sería vinculante y legítimo.
Un acuerdo firmado con Abás y Erekat, no.
Las persecuciones judiciales por la acusación de blasfemia se dispararon tras las revueltas de comienzos de 2011, que desembocaron en el acceso al poder de los Hermanos Musulmanes. Finalmente el Ejército derrocó al Gobierno islamista de Mohamed Morsi y puso en el poder al general Abdelfatah al Sisi para acabar con el radicalismo islámico. Pues bien, casi dos años después, los juicios contra las personas acusadas de ofender al islam siguen estando a la orden del día.
El presidente Sisi definió el derrocamiento de los Hermanos Musulmanes como un intento de eliminar una forma rara de extremismo religioso.“Egipto es el faro del islam moderado”, dijo a la Asamblea General de la ONU el pasado año. En enero, en un discurso ante clérigos musulmanes, hizo un llamamiento a “una revolución religiosa” que abandonase las interpretaciones obsoletas del islam. Mientras Sisi ha tachado a la Hermandad como un grupo de extremistas que distorsionan el islam, la alternativa que ha ofrecido no es secular. En lugar de presionar para que haya una separación de política y religión, Sisi argumenta que es función del Estado proteger la religión y salvaguardar los valores tradicionales.
En los países musulmanes no se admiten bromas públicas sobre los líderes políticos o religiosos, ni mucho menos sobre la religión. Las consecuencias siguen siendo temibles para cualquiera que sea acusado de una conducta irrespetuosa hacia las autoridades o el islam. Las viñetas, que tienen una gran tradición en la cultura árabe –la primera publicada en Egipto data de 1880–, cuidan mucho de no entrar en esos terrenos. Cuatro años después de la Primavera Árabe, la amenaza sobre los que se atrevan a bromear con la religión o los políticos sigue vigente.
Con la llegada de la primavera árabe, la maquinaria represiva de varios Estados de la región se vio debilitada, abriendo nuevos espacios de libertad para los humoristas. No obstante, con la excepción de Túnez, el triunfo de las fuerzas contrarrevolucionarias volvió a imponer las antiguas restricciones, a veces incluso reforzadas. En Irak también se vivió un renacimiento de la sátira tras la caída del régimen de Saddam Hussein. Pero en 2006, con el asesinato del cómico y actor Walid Hassan, que se mofaba tanto de Estados Unidos como de las milicias chiitas y sunnitas, se hicieron evidentes los nuevos peligros que asediaban a quienes osaran parodiar a los nuevos poderes.
Un informe de Amnistía Internacional (AI) pone sobre el tapete la responsabilidad del Gobierno sirio y de los grupos opositores en los ataques contra la población de Alepo, cuyo control se disputan los dos bandos. Las temidas bombas de barril del Ejército sirio han provocado en el primer trimestre de este año más de tres mil víctimas civiles. El informe de AI acusa a los dos bandos de cometer diariamente crímenes contra la humanidad.
En febrero, en una entrevista con la BBC, el presidente Bashar al Asad negó categóricamente que sus fuerzas hayan usado bombas de barril.
Pero el domingo unas 10 personas, incluidos cuatro niños y una maestra, murieron cuando una bomba de barril cayó en una guardería en el distrito de Saif al Dawla.
(…)
Los grupos armados de oposición en Alepo también están acusados de cometer crímenes de fuerra al usar armas imprecisas como morteros y cohetes improvisados adaptados con contenedores de gas, los llamados ‘cañones del infierno’, en ataques que mataron a al menos 600 civiles en 2014.
El informe también documenta torturas, detenciones arbitrarias y secuestros de civiles tanto de personal de seguridad del gobierno como rebeldes en Alepo.
