Esa es la acusación formulada ayer por EEUU contra el régimen de Damasco, cuyo acoso a los parientes cercanos de los delegados de la oposición está socavando las posibilidades de alcanzar un acuerdo en las conversaciones de Ginebra.
La portavoz de la secretaría de Estado norteamericana, Jen Psaki, hizo ayer un llamamiento a Bashar al Asad para que “inmediata e incondicionalmente libere a todos los injustamente arrestados”, de manera que la delegación opositora pueda trabajar libremente y con seguridad en busca de un acuerdo para la transición política.
Es el acuerdo al que llegó ayer el Consejo de Seguridad al votar por unanimidad una propuesta británica, en virtud de la cual se congelarán los bienes y se prohibirán los desplazamientos internacionales de los grupos que obstruyan las negociaciones políticas o cometan violaciones contra los derechos humanos.
La ONU creará un Comité específico para Yemen, formado por los quince miembros actuales del Consejo de Seguridad, para supervisar la aplicación de estas sanciones destinadas a garantizar la transición política con una reforma constitucional y la celebración de nuevas elecciones generales.
Ese es el saldo de la guerra intestina que se libra en el seno del bando opositor a Bashar al Asad entre las distintas facciones yihadistas que lo integran, especialmente el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS), escindido de Al Qaeda, y el Frente al Nusra, la principal franquicia de la organización terrorista presente en suelo sirio.
Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el ISIS ha sufrido 924 bajas mientras que el resto de grupos rebeldes han perdido a unos 1.400 combatientes. Otras 700 víctimas no han sido reclamadas hasta el momento por ninguna de las facciones enfrentadas.
La votación se llevó a cabo ayer, en respuesta a los preparativos del Parlamento israelí para debatir una moción acerca de su soberanía sobre la Explanada de las Mezquitas, un asunto que, a juicio de Jordania, podría enturbiar las relaciones entre ambos países.
Se trata de la primera vez que el Parlamento jordano pide la expulsión de un embajador de Israel. El gobierno jordano llamará también a consultas a su embajador en Jerusalén.
El tribunal egipcio que ha sentenciado con la pena capital a los 26 miembros de este grupo terrorista, los acusa de planear un atentado contra el Canal de Suez en 2012, atacando a los barcos presentes en esa vía marítima con cohetes, explosivos y otro tipo de armamento.
Los procesados han sido condenados en rebeldía ya que se encuentran huidos de la justicia. La sentencia deberá ahora ser ratificada por el gran Muftí de Egipto, Shauqui Alam.