En julio informé sobre la grave situación en la que se encontraba Husein Boruyerdí, uno de los más valerosos disidentes iraníes. Boruyerdí, que ostenta el título honorífico chií de ayatolá, es un veterano opositor al sistema de gobierno iraní de velayat e faqih, según el cual los juristas islámicos ejercen un control absoluto sobre la sociedad y sus instituciones.
Boruyerdí fue encarcelado por primera vez en 2006. Entonces cientos de partidarios del ayatolá trataron valientemente de impedir que la Policía se lo llevara de su casa del sur de Teherán. Desde entonces, de forma regular, han aparecido informaciones sobre sus problemas de salud. Ahora, activistas iraníes pro derechos humanos han transmitido la noticia de que Boruyerdí, que languidece en la famosa prisión de Evin, en Teherán, comenzó a sufrir fallos cardiacos el pasado domingo.
Sólo después de que Boruyerdí sufriera tremendos dolores e insuficiencia respiratoria durante un día entero los guardias de la prisión lo escoltaron fuera de su celda para recibir lo que pasa por ser atención médica; para entonces el ayatolá había sufrido un ataque al corazón. Según el último comunicado sobre su difícil situación, “no sólo no se le dio medicación mientras estuvo en la enfermería; las autoridades de la prisión siguieron negándose a que sus familiares le hicieran llegar los medicamentos que se le habían recetado con anterioridad”.
Días antes de su ataque al corazón, Boruyerdí envió un enérgico llamamiento a la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que instaba al organismo internacional a abordar, de una vez por todas, la cuestión de las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen iraní:
Aquí estoy, en el inicio de mi octavo año de cautiverio; encarcelado por una dictadura religiosa y acusado de defender la libertad de pensamiento y de expresión, negándome a aliarme con tiranos que dominan Irán por la fuerza (…) ¿No ha llegado ya el momento de que su asamblea exija que estos totalitarios brutales respondan por atreverse a hablar de Baréin, Siria y Palestina, aparentemente con simpatía, cuando han robado la riqueza y la renta nacional de los iraníes, empobreciéndolos y llevándolos a una absoluta crisis económica y financiera?
Ese momento, por supuesto, no ha llegado. La carta de Boruyerdí pasó inadvertida en medio de los arrullos suscitados por la ofensiva de seducción lanzada por Hasán Ruhaní, el nuevo y moderado -como no se cansan de informarnos- presidente de Irán. Mientras que el presidente Obama abordó, en su conversación telefónica con el iraní, la cuestión del cautiverio de Said Abedini, un pastor cristiano con ciudadanía estadounidense, que también está preso en Evin desde el año pasado, no se consideró digno de mención el sufrimiento de un clérigo musulmán que ha abogado incansablemente por la separación entre mezquita y Estado.
Pero puede que el caso de Boruyerdí aún reciba la atención que merece por parte de una fuente inesperada. Ahmad Shahid, anterior ministro de Exteriores de Maldivas, que actualmente desempeña el cargo de relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, ha cosechado el aplauso de activistas prodemócratas iraníes por sus explícitos informes sobre las violaciones de derechos humanos por parte de los mulás. Por supuesto, Shahid está al corriente de la situación de Boruyerdí, pues en 2011 recibió una carta de partidarios y familiares del ayatolá, en la que afirmaban que pesaba una “prohibición ilegal” sobre las visitas penitenciarias, destinada a obligar a Boruyerdí a confesar delitos ficticios.
En su informe más reciente, Shahid analizaba minuciosamente la represión ejercida por el régimen sobre las minorías religiosas, y mencionaba la difícil situación de cristianos y bahais, quienes son especialmente susceptibles de ser acusados de herejía y apostasía. De manera significativa, el informador llegaba a las siguientes conclusiones [el subrayado es del autor]:
Ha habido un aparente aumento en la gravedad de las violaciones de derechos humanos en la República Islámica de Irán (…) informes alarmantes de acciones punitivas por parte del Estado contra individuos sospechosos de haberse puesto en contacto con Procedimientos Especiales de Naciones Unidas hacen que se planteen serias dudas respecto a la decisión del Gobierno de promover el respeto a los derechos humanos en el país.
En otras palabras, el régimen, además de negarse a cooperar con los inspectores nucleares de la ONU, criminaliza a quienes intentan hablar con los investigadores de derechos humanos de la institución internacional. Hasta ahora, Ruhaní no ha dado señales de que vaya a acabar con esa intimidación. De hecho, su designación de Mustafá Purmohamadi -un miembro de la línea dura muy vinculado al aparato de seguridad iraní- como ministro de Justicia de Irán no hace presagiar nada bueno para el ayatolá Boruyerdí o para cualquiera de los activistas que se han indispuesto con el régimen de Teherán.
