El procesamiento del cómico Basem Yusef, acusado de haber insultado al presidente Mohamed Morsi y de denigrar al islam, es el último signo del talante antidemócratico del Gobierno egipcio, dominado por los Hermanos Musulmanes. Esta acción probablemente hará que aumente la desconfianza de la oposición no islamista hacia las instituciones políticas y judiciales del país, y animará a que diversos grupos sigan buscando el cambio mediante manifestaciones cada vez más violentas, en vez de a través de los cauces políticos oficiales. Dado el interés de Washington en promover la estabilidad y un Gobierno democrático en Egipto, la Administración Obama debería urgir a Morsi a perdonar a Yusef y acabar con la represión de los críticos a la referida organización islamista.
El caso de Yusef no es excepcional; según la Red Árabe para la Información sobre los Derechos Humanos, con sede en Egipto, durante los primeros cien días de gobierno de Morsi se presentaron cuatro veces más demandas por “insultar al presidente” que en los treinta años del régimen de Mubarak. Pese a que muchas de dichas demandas fueron presentadas por ciudadanos particulares, los Hermanos Musulmanes las han alentado señalando a aquellos que los critican a través de los medios de comunicación como vestigios del antiguo régimen. La organización islamista también ha hecho que en el futuro sean aún más probables las denuncias por motivos políticos al lograr que el Parlamento apruebe un proyecto de ley electoral que permite el uso de eslóganes religiosos en las campañas. El artículo 44 de la nueva Constitución, ratificada en diciembre, prohíbe “el insulto o ataque a todos los mensajeros religiosos y profetas”, lo que puede ser interpretado de forma muy amplia para blindar la propaganda política islamista frente a los ataques de los no islamistas.
Morsi y el Parlamento han logrado sofocar las críticas de los medios nombrando a un miembro de los Hermanos Musulmanes ministro de Información, empleando su control de los medios públicos para despedir a autores y directores que cuestionaban las políticas del nuevo Gobierno y contratando a afines en su lugar. Por otro lado, El Cairo ha comenzado a procesar a poderosos hombres de negocios contrarios a los Hermanos, eliminando así potenciales vías de financiación para los medios y los partidos críticos.
Este escenario de procesamientos ha confirmado los temores de la oposición respecto al socavamiento de la independencia judicial por parte de Morsi. La irregular designación del fiscal general, Talat Abdalá, resulta especialmente grave: el presidente se sirvió de la declaración constitucional del 22 de noviembre, que le confería temporalmente autoridad ejecutiva no sometida a ningún tipo de controles, como pretexto para elegir a Abdalá, en vez de dejar la decisión en manos del Consejo Judicial Supremo, como exigía la legislación vigente en el momento. Y en la última semana del mes de marzo, en lo que supone otro evidente desafío al control judicial, la oficina de Morsi declaró que no acataría una decisión de los tribunales que declarara ilegal ese nombramiento.
El procesamiento de Yusef no hará sino exacerbar la situación. Los partidos de la oposición ya han manifestado su negativa a participar en las próximas legislativas, que, según declaró Morsi recientemente, podrían ser aplazadas hasta octubre, dada la falta de garantías en materia de transparencia electoral. Algunos opositores han recurrido a la violencia contra objetivos de la Hermandad como medio para incitar a los militares al derrocamiento de Morsi, a quien consideran cada vez menos legitimado debido a su conducta dictatorial. El flagrante ataque del Gobierno a la libertad de expresión probablemente endurecerá esta postura y avivará la violencia, lo que se sumará a los cada vez mayores problemas económicos del país.
Para invertir esta peligrosa tendencia y promover la estabilidad, la Administración Obama ha instado a la oposición a que vuelva a involucrarse en el proceso político participando en las próximas elecciones. Pero mientras el Gobierno de Morsi se sirva de la política para minar la independencia judicial e incrementar la represión, el escepticismo de los opositores estará garantizado. Por tanto, Washington debería advertir al presidente egipcio –públicamente, para así desmentir la extendida impresión de que el Gobierno estadounidense apoya las acciones de los Hermanos Musulmanes– de que sus políticas autocráticas están exacerbando la inestable atmósfera egipcia. Debería advertirle también en privado para que actuara de forma decisiva y diera marcha atrás. Perdonar a Yusef sería un paso en esa dirección.
© 2013 The Washington Insitute for Near East Policy. Translated and reprinted with permission.
