Contextos

Dos años sin Nisman

Por Eli Cohen 

Alberto Nisman, fiscal del caso AMIA.
"Ninguna de las teorías que se manejan es concluyente, el Gobierno de Macri ha mostrado públicamente su intención de esclarecer el asesinato de Nisman, pero en el Poder Judicial hay obstruccionismo por parte de jueces fieles al kirchnerismo y de la fiscal general, Alejandra Gils-Carbó"

En la madrugada del 18 de enero de 2015 el fiscal argentino Alberto Nisman fue hallado muerto en su vivienda, con un disparo en la cabeza.

Al día siguiente, Nisman se enfrentaba a uno de los momentos más importantes y trascendentales de su carrera: iba a presentar ante el Congreso de la Nación una acusación contra la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner; el ministro de Exteriores, Héctor Timerman; el diputado Andrés Larroque; los militantes Luis D’Elía y Fernando Esteche; el exfiscal federal y exjuez de instrucción Héctor Yrimia; el líder de la comunidad iraní en Argentina, Jorge Yusuf Khalil, y contra el agente de inteligencia Ramón Allan Bogado, por los delitos de encubrimiento agravado, incumplimiento del deber de funcionario público y estorbo del acto funcional. Todos ellos, de acuerdo con la investigación de Nisman, habían diseñado un plan para fabricar la inocencia de Irán –cuya culpabilidad había sido demostrada por Nisman y ratificada por el juez Canicoba Corral y por la Interpol– en el atentado contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), la mayor organización judía del país, perpetrado el 18 de julio de 1994 y en el que fueron asesinadas 85 personas. A cambio, Argentina e Irán establecerían un boyante intercambio comercial y reforzarían sus relaciones políticas.

Dos años después, la muerte de Nisman sigue sin esclarecerse. Hoy sabemos que fue un asesinato que continúa impune, como el atentado de la AMIA, del cual Nisman ha sido la víctima número 86.

El asesinato

En los días previos a la audiencia en el Congreso, Nisman advirtió a los medios de que su acusación estaba fundada, de que se jugaba la vida y de que podía acabar muerto en el proceso. “Tengo todo probado. El pacto con Irán es la consecuencia del plan para asegurarle impunidad de los acusados”, “Van a venir por mí (…) Van a decir cualquier cosa”, aseguraba. Una de las amenazas de muerte que recibió por e-mail fue: “Judío hijo de puta, te vamos a matar”; también, “vas a aparecer en una zanja reventado a balazos”. Su familia también fue objeto de las amenazas:

Vamos a cumplir la promesa de matarte a vos y a tu familia, pero antes vamos a hacerte mierda pública y mediáticamente. Ya logramos que te apartaran de la negociación de la causa AMIA y también logramos que Argentina arregle con Irán sin tu participación.

La noche antes, cuando Nisman tenía su acusación bien estudiada y preparada, todas las alarmas de su casa se desactivaron y sus guardaespaldas desaparecieron misteriosamente. En la madrugada, su madre encontró el cadáver en el baño de su piso; la puerta, aparentemente, no estaba forzada. Luego se descubrió una huella en una segunda puerta que daba acceso a la vivienda. No se encontraron restos de pólvora en la mano con la que supuestamente el fiscal, según la teoría ya descartada del suicidio, habría manipulado el arma que le quitó la vida.

La fiscal que llevó el caso, Viviana Fein, se personó en el domicilio de Nisman junto a 60 personas más, y vició la investigación con el objeto de que se mantuviera la tesis del suicidio, teoría que Cristina defendió por televisión. El 24 de enero, cinco días después de que Nisman apareciera muerto, Fein afirmó: “El disparo fue a una distancia no mayor a un centímetro (…) el arma fue apoyada sobre la sien (…) alrededor del mediodía del día domingo (…) no se infiere la participación de terceras personas”. Sin embargo, unos peritos independientes concluyeron que el cadáver presentaba

golpes que demostrarían que alguien lo atacó, que el cuerpo fue movido después de muerto, que el disparo provenía de atrás, lo cual no se corresponde con un disparo suicida, y que el fiscal agonizó porque no hubo espasmo cadavérico.

La pistola que acabó con su vida era del informático que trabajaba en la oficina de Nisman, Diego Lagomarsino, quien alegó que le dejó el arma a Nisman a petición de éste, puesto que el fiscal no se fiaba de su escolta. Ciertamente, los guardaespaldas desaparecieron del lugar de trabajo, sus declaraciones fueron contradictorias y, tras el sumario administrativo que se les abrió, varios de ellos fueron destituidos por negligencia.

Posterior difamación

Durante la investigación del asesinato, comenzó la fase siguiente en un crimen de estas características: la difamación de la víctima. Las fotos de Nisman con mujeres, robadas de su teléfono móvil, empezaron a circular por Argentina. El senador kirchnerista Salvador Cabral, en relación a la posible implicación de Lagomarsino, dijo un mes después de la muerte de Nisman:

Ese fue un crimen pasional entre un amor homosexual, donde el marido, digámoslo así, que es el flaquito que le llevó la pistola [en referencia a Lagomarsino], lo encontró en situaciones amorosas al muerto y le pegó un tiro en la cabeza amorosamente.

En febrero de 2016, Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Argentina, afirmó que él “habría colgado” a Nisman. Zaffaroni sigue siendo a día de hoy miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Nisman debe morir”

Alberto Nisman fue el fiscal encargado de investigar los ataques terroristas contra la embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y contra la AMIA (1994), junto al también fiscal Marcelo Martínez Burgos. En el primer juicio habían sido acusados 15 policías argentinos, pero fueron absueltos, y en 2005 el Gobierno de la República Austral reconoció que hubo encubrimiento de los crímenes.

El 25 de octubre de 2006, en un extenso informe, Nisman y Martínez concluyen que el régimen iraní ordenó los atentados y que fueron ejecutados por Hezbolá. Señaló como responsables a Mohsén Rabani, exconsejero cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires; Ahmah Vahidi, exministro iraní de Defensa; Alí Falahiyán, exministro iraní de Información; Mohsén Rezai, exjefe de la Guardia Revolucionaria Iraní, y el diplomático Ahmad Reza Ashgari. El 7 de noviembre de 2007, la Interpol emitió notificaciones rojas para la detención de los acusados y Buenos Aires pidió a Teherán una extradición que nunca llegó.

Según defiende Gustavo Perednik, los atentados tuvieron lugar como represalia iraní por la política prooccidental y proamericana del presidente argentino Carlos Menem, que implicaba romper los fuertes lazos de la República Austral con el régimen de los ayatolás. Menem canceló el suministro de agua pesada para el programa nuclear de Irán en 1992, antes del atentado contra la embajada de Israel, y tras el referido ataque resolvió los acuerdos firmados con Irán. Después del atentado contra la AMIA, Menem tenía la intención de romper todos los lazos con Irán; no obstante, echó marcha atrás y se propagó el rumor de que recibió 10 millones de dólares de los ayatolás para que no se acusara públicamente a Teherán de los atentados; aunque lo negó, no pudo explicar de dónde provenía esa misma cantidad de dinero, encontrada en una cuenta suiza a nombre de su mujer y de su hija.

Argentina volvió a la órbita de Irán de la mano de su gran promotor en América Latina, Hugo Chávez, quien en 2001 establece una alianza con Teherán para luchar contra el “imperialismo”. Los intereses iraníes en Argentina estaban centrados a exculpar a su régimen de los ataques terroristas citados. El semanario brasileño Veja especula con que los 6.000 millones de dólares con los que Venezuela compró deuda argentina en 2008 eran de procedencia iraní. Veja también informó de que Irán pagó la primera campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner. En 2007, su predecesor y esposo, Néstor Kirchner, había acusado en la ONU a Irán de no colaborar en el esclarecimiento del atentado contra la AMIA.

El 14 de enero de 2015, días antes de ser asesinado, Nisman reveló que el encubrimiento de Irán en los ataques terroristas a cambio de intercambios comerciales se cerró en dos reuniones bilaterales: una secreta, celebrada el 24 de enero de 2011 en Alepo (Siria), entre Héctor Timerman y Alí Akbar Salehi, ministros de Exteriores de Argentina e Irán, respectivamente; y la otra, celebrada el 27 de enero de 2013 en Etiopía, pública, y consistió en la firma del Acuerdo de Entendimiento entre ambos países por el cual se promovía la creación de una Comisión de la Verdad, conformada por funcionarios iraníes y argentinos, para esclarecer lo sucedido aquel fatídico 18 de julio de 1994. La Comisión de la Verdad suponía una violación de principios del Derecho penal argentino como el de territorialidad, así como de la Constitución de la República Austral, que en el artículo 19 prohíbe al Gobierno del país “arrogarse el conocimiento de causas pendientes”.

De acuerdo con las investigaciones de Nisman, fue en ese momento cuando los delitos se consumaron. Nisman tenía demostrado que Cristina buscaba “acercarse al régimen iraní y restablecer relaciones comerciales plenas para aliviar la severa crisis energética argentina mediante un intercambio de petróleo por granos”. Para Nisman, esos pactos con Irán suponían “la culminación de una maniobra criminal que ya llevaba más de dos años de ejecución”. Las ventas a Irán crecieron un 234% desde que Cristina tomó posesión del cargo.

No sabemos quién dio la orden ni quién cometió el asesinato. Debkafile, una web de inteligencia israelí, publicó un informe en el que señalaba a un supuesto desertor iraní que había se granjeado la amistad de Nisman. El periodista argentino Daniel Santoro publicó en noviembre de 2015 el libro Nisman debe morir, en el que ofrece una investigación detallada sobre la campaña del Gobierno de Cristina Fernández para entorpecer la labor de Nisman, defender la teoría del suicidio y difamar la imagen del fiscal; pero no trata el quién. Santoro también reveló una grabación en la que Timerman reconocía que Irán estaba detrás del atentado contra la AMIA. El famoso espía argentino Jaime Stiuso, que tenía una estrecha relación con Nisman y al que el Gobierno de su país acusó de estar detrás de la muerte del fiscal, declaró en septiembre de 2016 ante la Justicia argentina:

A Nisman lo mató supuestamente un grupo operativo iraní-venezolano que habría contado con el apoyo local del líder de Quebracho Fernando Esteche y del dirigente piquetero ultra K[irchnerista] Luis D’Elía.

Ninguna de estas teorías es concluyente, el Gobierno de Macri ha mostrado públicamente su intención de esclarecer el asesinato de Nisman, pero en el Poder Judicial hay obstruccionismo por parte de jueces fieles al kirchnerismo y de la fiscal general, Alejandra Gils-Carbó.

Puede que la verdad en el caso Nisman se convierta en un asunto generacional, que la pregunta pase de padres a hijos; en el camino, no olvidaremos su labor incansable, la lucha valerosa y constante en busca de justicia que, finalmente, le costó la vida.