Revista de Prensa

Damasco vuelve a incumplir los plazos de la destrucción de su arsenal químico

 

Bashar Asad.

El viceministro de Exteriores, Faisal Miqdad, ha dicho que los “terroristas” que pugnan por derrocar a Bashar al Asad obstruyen las rutas hacia los lugares de embarque de las armas, que han de ser destruidas fuera del territorio nacional, según lo convenido con la ONU y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.

Miqdad culpó también a ciertos regímenes contrarios a Asad, y les instó a “dejar de filtrar información a los grupos terroristas” sobre los recorridos de los cargamentos de armas.

Los crímenes se han producido en las inmediaciones de la céntrica Zona Verde, donde se concentran las oficinas gubernamentales y las embajadas.

La violencia sectaria que asuela el país se cobró el año pasado la vida de 8.868 personas.

El enfrentamiento se produjo en un barrio del norte de la capital, y se saldó con la muerte de un miembro de la Guardia Nacional (Atef Yabri, de 29 años) y seis islamistas, entre los que se cuenta Kamel Ghadghadi, jefe de la formación ilegal Ansar al Sharia y sospechoso del asesinato del líder izquierdista Chukri Bel Aid, perpetrado el año pasado.

Washington ha accedido a una petición en este sentido de Islamabad, que se encuentra en plenas conversaciones de paz con los terroristas talibanes. “Es lo que han pedido, y no les hemos dicho que no”, ha confirmado un alto cargo norteamericano.

La matanza se produjo en un hotel de Peshawar (noroeste), junto a una imambargah (sala de ceremonias chií).

Horas antes había sido asesinado a tiros, en el bazar de Kisa Juani, Haji Sardar Alí, líder local del partido chií Tehrik Nafaz i Fiqah i Jafaria, proscrito por las autoridades por su implicación en actos de violencia sectaria.