Revista de Prensa

Baño de sangre anticristiano en Bagdad

 

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"El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, insiste en que hay una conspiración en su contra que busca desalojarle del poder"

El peor fue el que tuvo por objetivo un templo del distrito de Dura, que se cobró la vida de 24 personas que habían acudido a escuchar misa.

Al menos otras diez personas murieron en distintos ataques antichiíes y contra la Policía.

El Cairo ha tomado esta decisión después de la matanza de Mansura, en la que 16 personas perdieron la vida en un atentado contra la sede local de la Seguridad; atentado que fue condenado por los Hermanos Musulmanes.

El dictado del Gobierno afecta a «todos» los miembros de la organización islamista, así como a «quienes financien o promuevan sus actividades».

Después de que tres ministros (Muammer Güler, de Interior; Zafer Çaglayan, de Economía, y Erdogan Bayraktar, de Urbanismo) le presentaran la renuncia por cuestiones relacionadas con la corrupción, Recep Tayip Erdogan se ha visto obligado a remodelar el Gabinete en profundidad. Así, en la lista que ha sometido al presidente de la nación figuran diez nombres nuevos.

Erdogan insiste en que hay una conspiración en su contra que busca desalojarle del poder.

Continúan las reacciones desde Teherán a la decisión de Washington de excluir a una docena de compañías y empresarios iraníes de los beneficios del alivio de las sanciones económicas que pesan sobre el régimen acordado en Ginebra.

En esta ocasión han sido cien diputados de la Asamblea Nacional los que han suscrito una proposición de ley en la que se exige al Ejecutivo de Ruhaní que acelere notablemente el enriquecimiento de uranio en caso de que se impongan nuevas sanciones contra el «derecho» de Irán a proseguir su programa nuclear, según ha explicado el presidente de la Comisión de Energía de la propia Asamblea, Seyed Mehdi Musavineyad.

La Agencia para los Refugiados Palestinos de la ONU condenó ayer la demolición de instalaciones palestinas, incluidas 259 unidades residenciales, llevada a cabo por Jerusalén en la Margen Occidental, y que ha afectado a 1.103 personas.

Un portavoz de la Administración israelí aclaró que las instalaciones eran ilegales, pues habían sido levantadas sin permiso, y que la Corte Suprema había rechazado las apelaciones contra los derribos.